El ataque más reciente de la Administración de Trump a la Comunidad de Inmigrantes: Dueños de Green Cards y Cargos Públicos

Parte del alcance de cualquier tipo de reforma legal es mantenerse informado sobre los desarrollos que se avecinan, por muy lejanos que puedan parecer de la realidad. Y no hay mayor relevancia que considerar los cambios en la reforma migratoria que se aproximan.

Recientemente hemos descrito los cambios anticipados para obtener el estatus legal con el caso Pereira v. Sessions. Aunque obtener seguridad legal para permanecer en los Estados Unidos es una de las principales preocupaciones para los abogados especializados en inmigración y sus clientes, a veces las preocupaciones diarias de participar en programas de ayuda gubernamental en los Estados Unidos tienen implicaciones más significativas para los inmigrantes y las comunidades migrantes.

El tema de discusión actual en la comunidad de reforma migratoria gira en torno a los cambios propuestos a las regulaciones que rigen el acceso a programas de ayuda gubernamental, como SNAP, CHIP, WIC y Medicaid, para los residentes permanentes legales que poseen Green Cards.

Situación Actual

El cambio propuesto en la regulación afecta la interpretación de las «cargas públicas», que se definen como individuos que se espera dependan de la asistencia gubernamental. Por definición, los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y sus familias son elegibles para acceder a programas de bienestar social como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), SNAP (anteriormente conocido como cupones de alimentos), CHIP, WIC y Medicaid. Las familias apoyadas por individuos que trabajan en empleos de bajos salarios y/o en las que uno o más miembros del hogar no pueden trabajar, encuentran en estos programas un recurso crítico para su supervivencia y éxito. Las personas elegibles para estos programas incluyen dependientes de inmigrantes indocumentados, siempre que cumplan con todos los demás requisitos. Los participantes de estos programas citan su disponibilidad como un componente crucial para poder satisfacer las necesidades básicas y la seguridad de sus familias, mientras trabajan en empleos productivos que simplemente no proporcionan ingresos suficientes para mantener a sus familias.

Cambios Propuestos

El cambio propuesto por la administración Trump impone una posible penalización a las personas que intentan obtener el estatus legal si algún miembro de su familia dependiente utilizó un programa de asistencia pública, a pesar de calificar legalmente para el programa. El efecto inevitable es disuadir a las familias de estatus migratorios mixtos que anteriormente calificaban para los programas de asistencia mencionados en el párrafo anterior de utilizarlos, debido al temor de volverse inelegibles para el estatus de residencia permanente. Este cambio afectará en gran medida a muchos ciudadanos y residentes permanentes legales.

Los escenarios sobre cómo este cambio propuesto afectará a diferentes poblaciones de residentes son numerosos, tanto en situación como en efecto. Por ejemplo, los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes cuyos padres no tienen estatus legal pueden ser elegibles para recibir asistencia gubernamental que, en teoría, puede ser utilizada por toda la familia, independientemente del estatus migratorio mixto de los miembros de la familia. En este escenario, la persona que recibe el beneficio son los niños. Un tomador de decisiones en este hogar podría decidir renunciar a la asistencia pública, a pesar de calificar legítimamente para el programa, por temor a que el beneficio pueda descalificarlos algún día para obtener el estatus legal porque, según la nueva interpretación, ahora serían considerados una carga pública. Este cambio propuesto probablemente afectará más a los niños, personas mayores y dependientes discapacitados, especialmente dado el alcance de la asistencia de Medicare recibida entre estas poblaciones.

Actualmente, esta pieza de legislación se encuentra en el período de comentarios de su ciclo legislativo, por lo que aún hay un grado de incertidumbre sobre cómo será la versión final de la regla. En la comunidad legal, se cree ampliamente que esta regla propuesta dependerá en gran medida de la interpretación de los oficiales de inmigración y jueces. Dado lo ambiguo y a menudo enrevesado del documento propuesto de 447 páginas, se espera que decisiones arbitrarias resulten inevitablemente, socavando así el sistema de inmigración. La directiva tiene como objetivo limitar el número de personas que se convierten en residentes permanentes legales y, eventualmente, en ciudadanos de los Estados Unidos.

A Quién Afecta

Los cambios regulatorios propuestos exponen una gran cantidad de hipocresía en la postura de la administración Trump sobre la reforma migratoria. La administración afirma tener una postura firme solo contra la inmigración ilegal; sin embargo, esta regulación propuesta afectará a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que son dependientes de inmigrantes indocumentados.

En términos de acceso legal, esta regla propuesta ignora por completo si el solicitante de estos beneficios públicos realmente califica para ellos o no. Incluso en ausencia de fraude, tergiversación u otro acto ilegal, el inmigrante indocumentado es penalizado por cuidar y apoyar a una persona que depende de esos programas. Los migrantes sin estatus legal en los Estados Unidos ni siquiera tienen acceso a los programas mencionados en la propuesta de reforma, por lo que este cambio potencial representa una denegación indirecta, ilógica y poco ética del acceso a estos programas.

Implicaciones a Corto y Largo Plazo

La explicación más simple del efecto de este cambio propuesto sería cómo las familias se verían obligadas a elegir entre un medio de supervivencia financiera o evitar un cargo de inadmisibilidad al intentar obtener el estatus legal.

Los programas de subsidio gubernamental, en particular los cupones de alimentos y WIC, benefician en gran medida a las familias que ocupan empleos de bajos ingresos y estiran sus recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Los analistas legales citan los efectos anticipados en los niños como receptores secundarios de ayuda gubernamental como el mayor perjuicio que podría derivarse de esta reforma. Sin entrar en detalles, el acceso justo a las necesidades básicas de seguridad y bienestar que se brinda a los niños en el nivel socioeconómico bajo a través de programas como SNAP y otros programas de asistencia, es un hecho irrefutable para el éxito psicológico y educativo de los niños. Como muchos aspectos de la reforma legal, el alcance de los cambios propuestos parece tener un enfoque estrecho, pero en realidad tiene implicaciones generalizadas cuando se examina su impacto sociocultural.

Incluso más allá del efecto sobre los niños y las generaciones futuras, este cambio propuesto tendrá un efecto directo y adverso en la economía actual si la regla entra en vigor, específicamente en cuestiones relacionadas con el acceso equitativo a la atención médica y las preferencias fiscales.

En conjunto, si se aprueba, esta regulación ampliaría significativamente la brecha de desigualdad financiera y de recursos en los Estados Unidos. Muchos de los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que son dependientes de inmigrantes indocumentados utilizan la atención médica subsidiada por el gobierno. A pesar de hacer contribuciones de su propio bolsillo, cualquier ayuda proporcionada por los gobiernos locales, estatales o federales para ayudar a pagar la atención médica o el seguro de salud también se consideraría como motivo para considerar al inmigrante indocumentado como una carga pública. Nuevamente, se enfrentan a la elección de obtener cobertura de salud o no para preservar la posibilidad de obtener el estatus legal algún día. Renunciar a la cobertura de salud y a la intervención médica por temor a represalias gubernamentales refleja un enfoque autoritario y poco ético de esta reforma.

De manera similar, los efectos anticipados en la participación en impuestos desmantelarán años de reforma orientada al bienestar social en los Estados Unidos, y ampliarán la ya astronómica brecha entre los más ricos y los más pobres del país. La falta de supervisión y planificación de la administración Trump no tiene en cuenta la falta de participación en los programas de bienestar social, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el componente de bajos ingresos del Crédito Tributario por Hijos, que están diseñados para apoyar a familias de trabajadores de bajos ingresos, lo que corromperá fundamentalmente el código tributario y llevará a una inestabilidad financiera masiva en todas las clases sociales.

Reflexiones Finales

Quizás la administración Trump busca una reducción drástica del número de personas que inmigran a los Estados Unidos y penalizar a los dependientes de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, si este es el caso, la administración ha subestimado gravemente la injusticia que motivará a los residentes legales de los Estados Unidos a buscar asesoramiento legal experto y defender su derecho a permanecer en el país y participar en programas de bienestar social que les permiten prosperar como participantes legales de la sociedad y cultura estadounidenses. A pesar de los mal concebidos esfuerzos de la administración Trump por exacerbar las tensiones en la reforma migratoria, parece haber caminos para la obtención legal de justicia en esta negación, de otro modo, poco ética del privilegio y la protección legales.